P.U.M.A violaría el derecho a la intimidad personal que garantiza la Constitución de Colombia
Algo huele mal detrás de lo poco que sabemos alrededor de P.U.M.A. Según informó El Tiempo las autoridades colombianas tienen listo un proyecto que les permitirá interceptar, entre otras, comunicaciones digitales. Eso sí, aclaran y puntualizan de manera vaga, “bajo una orden judicial”.
Aunque los usuarios de Internet se preocuparon por el titular del El Tiempo que hablaba de interceptación de redes sociales, el peligro de P.U.M.A va más allá de la simple navegación diaria. Primero, la idea no tiene sustento claro y estaría violando la Constitución en su artículo 15.
Básicamente las autoridades han dado dos grandes razones para la creación de la plataforma. “Será una herramienta fundamental de investigación criminal (…) Es una plataforma que se está diseñando para enfrentar lo que se viene una vez se firme el proceso de paz”, afirmó el director de la Policía al diario de circulación nacional.
A parte del lío jurídico que se puede armar con la idea (que explico más adelante) existen varias incoherencias en la concepción de la plataforma que en teoría es creada para contrarrestar un supuesto aumento de delitos que usan Internet como plataforma.
El documento que sustenta la idea de P.U.M.A no muestra ningún caso real en donde el Estado Colombiano esté en peligro por un ataque digital. Tampoco se sustenta la idea de la importancia en la investigación criminal de manera clara.
Si se crea una plataforma nueva y se invierte esa cantidad incontable de dinero quiere decir que el actual procedimiento no sirve o es deficiente. No obstante lo anterior, es muy extraño que Colombia no aparezca en los informes de Peticiones de Países que piden datos de usuarios en Google.
Lo anterior quiere decir que los supuestos delincuentes de la supuesta creciente criminalidad digital usan productos de Microsoft o no tienen ni idea que existe un correo como Gmail. ¿Si la criminalidad digital aumentó por qué no le han hecho ni una sola petición a Google?.
Pero hay más. Toda la iniciativa P.U.M.A se basa en el Conpes 3071 Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa del 14 de julio del 2011. Un documento deficiente técnicamente que busca argumentar la creación de una idea “que contrarreste el incremento de las amenazas informáticas que afectan significativamente al país”. Ejemplos de esta situación en el documento: ni uno solo.
Por ejemplo, una cifra importante para este Conpes es el ranking de países latinoamericanos más afectados por una red zombie en el cual Colombia supuestamente está en el quinto lugar. Si bien la cita es de un blog que aporta información es muy probable que otros laboratorios tengan una mejor y más confiable metodología para medir este problema en el contexto latinoamericano.
“En relación con seguridad cibernética, Colombia también ha sido objeto de ataques. Un caso a resaltar fue el ocurrido durante el primer semestre de 2011, cuando el grupo “hacktivista” autodenominado Anonymous atacó a los portales de la Presidencia de la República, el Senado de la República, Gobierno en Línea y de los Ministerios del Interior y Justicia, Cultura y Defensa, dejando fuera de servicio sus páginas web por varias horas.”
El Conpes se sustenta en la idea del crecimiento de los delitos informáticos. Es obvio que desde que se empezó a contar o registrar los delitos de este tipo después de la Ley 1273 han aumentado pero no se tiene un antecedente claro de lo que pasaba antes. El documento dice que en el 2009 se hizo tan solo una denuncia por obstaculización ilegítima de un sistema informático. (A esa se le debería sumar la que la Policía misteriosamente hizo en elecciones y que nunca se supo qué pasó).
El documento que fija las bases de la nueva política carece de coherencia y sustentación. Al menos no sustenta de una manera clara una supuesta amenaza a la estabilidad de la democracia o el Estado colombiano.
De hecho no cita ningún caso en el cual la infraestructura del país o al menos de un banco estuviera en peligro por una amenaza digital.Pese a eso invertirán 100 mil millones de pesos en prepararse para algo que ni ellos mismos saben o que no han hecho público. Obtener una sola estadística real sobre la situación en Colombia es casi imposible. Incluso acudiendo al ser periodista. No hay transparencia en el manejo de esta información y tampoco es pública.El otro sustento, el de la idea de que se disparará la criminalidad luego de la firma de un proceso de paz parece ser una idea posible pero no para sustentar la intervención digital.
¿Será que Colombia tiene miedo de que sucedan levantamientos sociales como los que ocurren en Brasil, Turquía y otros países?
Lío jurídico
Aunque las autoridades quieran enfatizar que en el 2014 comenzará P.U.M.A, al parecer no se han dado cuenta a lo que se enfrentan legalmente. O al menos no quieren hacerlo público.
Alexander Díaz, Juez de Control de Garantías y autor de la Ley de Delitos Informáticos en Colombia , viene realizando una serie de publicaciones donde advierte los líos jurídicos de la nueva idea del Estado Colombiano.
El experto viene publicando una serie de trinos donde explica por qué es importante que las interceptaciones de navegación en Internet sean previa consulta ante el juez de garantías y no posterior como se pretende. Una de las razones, las posibles demandas al Estado y los casos en los cuales el Estado debe pedir perdón público por sus errores. Casos: Nicolás Castro o Sigifredo López.
Y otra razón, y más importantem se estaría violando el artículo 15 de la Constitución que garantiza a todo colombiano el derecho a su intimidad personal. Cabe resaltar que la tesis de Díaz fue rechazada por la Corte Constitucional cuando se demandó la inconstitucionalidad de varios artículos del Código de Procedimiento Penal.
Desde la primera Ley Lleras existe un intento por saltar este procedimiento. Sea en busca de garantizar los derechos de autor o en este caso, con el argumento de garantizar la seguridad. Tal y como ha sucedido en anteriores oportunidades las autoridades no consultan a la comunidad de usuarios de Internet y se busca implementar una idea de interés público cuando no se ha discutido o no se tienen datos transparentes para su creación.
Otro contexto de análisis debe advertir que en Colombia se aprobó una nueva ley de inteligencia (Ley 1621 de 2013), la cual es un copy paste de la ley 1288 de 2009 (Ley de Uribe) declarada inconstitucional por vicios en su tramite pero también bajo el criterio de ser violatoria del núcleo esencial de la intimidad de las personas. Slds
imarrugoj que gran dato. Habrá que analizar todas esas leyes. Porque creo que hay otra que obligaría las telefónicas a dar cierta info. Todas esas leyes en contexto solo buscan controlar Internet.
hyperconectado imarrugoj Si, en efecto la norma de la que haces mencion es el Decreto 1704 de 2012 y obliga a los operadores a facilitar la interceptacion de comunicaciones. Esto seguira dando mucho de que hablar. Slds
imarrugoj hyperconectadoeso es un delito y quieren atentar contra la integridad y privacidad de las personas con razones estupidas
Otro contexto de análisis debe advertir que en Colombia se aprobó una nueva ley de inteligencia (Ley 1621 de 2013), la cual es un copy paste de la ley 1288 de 2009 (Ley de Uribe) declarada inconstitucional por vicios en su tramite pero también bajo el criterio de ser violatoria del núcleo esencial de la intimidad de las personas. Slds
hola mucho hacker,una pregunta podria copiar esta imagen es para mi blog
Clarinetes, igual es del flickr de la policía